La crisis económica iniciada en 2007
La Seguridad Social española gastó 25 millones en financiar anticonceptivos en el año 2011
LA GACETA. 30 JUN 2012 | XAVIER HORCAJO.
Sufragó las pastillas con 18 millones y otros productos con siete más. Se trata de un mercado que mueve 300 millones de euros en España.
La Seguridad Social gastó 25 millones de euros en 2011 para financiar productos anticonceptivos. De esa cantidad, 18 millones se destinaron a píldoras y siete millones a otros productos y aparatos anticonceptivos. Al margen de estas cantidades, queda el consumo de anticonceptivos subcutáneos, como Implanon TXT, financiado sólo a partir de abril, y del que se vendieron cantidades por valor de 675.000 euros de en España.
Cinco profesionales de centros de salud de cinco diferentes autonomías confirman a LA GACETA que en la Seguridad Social se recetan anticonceptivos, sobre todo píldoras, de forma rutinaria. “El Sistema de Salud entiende que evitar el embarazo es un servicio que debe prestar. Ese razonamiento es político y no obedece a criterios de salud, como es obvio”, afirma uno de los profesionales.
No hay debate ni reflexión sobre el efecto de estos productos en el gasto común. “Se armaría una buena si los dejaran de financiar”, apostilla una de las profesionales consultadas.
Facturación
El mercado de la anticoncepción supuso una facturación superior a los 300 millones de euros en 2011. Se vendieron 17,6 millones de unidades de hormonas anticonceptivas en 2011, la mayoría en libre mercado, sin subvención.
En ese grupo hay superventas de Bayer (Yasmin, o Yasminelle, que venden más de 90 millones de euros al año y acumulan 11.300 demandas judiciales en EE UU). Los anillos, como Nuvaring de Merck, facturan más de 60 millones anuales.
El apartado de las píldoras del día después (PDD) –Postinor y Norlevo, de Chiesi y Bayer– facturó en España 15 millones de euros en 2011. Son los anticonceptivos más peligrosos y los únicos que se venden sin receta. No las paga la Seguridad Social, pero en Madrid las regala el ayuntamiento.
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El proyecto del Ministerio de Sanidad de dejar de pagar 425 fármacos ha sido acogido críticamente por la comunidad médica y científica. En declaraciones a LA GACETA, el profesor de Ginecología de la Universidad Complutense Eduardo López de la Osa aseguró: “Lo que preocupa es que haya auténticos dispendios y dilapidaciones de recursos en cuestiones que no son de primera necesidad, como gastos de protocolo, parlamentos, etc., y se hable de recortar prestaciones a los estratos sociales que más necesidad y menos recursos tienen”.
Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir (DaV), fue más concreta al asegurar: “No se comprende que no hayan empezado a retirar en su totalidad la financiación al aborto, cuando claramente no es una prestación sanitaria, porque no cumple con los requisitos de algo encaminado a curar o paliar una enfermedad”. Además, mencionó que en comunidades como Madrid se ha retirado de las prestaciones vacunas como la del neumococo y siguen financiando las operaciones de cambio de sexo.
El catedrático de Genética de la Universidad
de Alcalá Nicolás Jouve, opinó que no se deberían tocar otras
prestaciones “mientras exista financiación para clínicas
abortistas. Siempre estará por delante atender a los enfermos de
la tercera edad o crónicos y no algo que es más que una
cuestión opcional o voluntaria, que no se ejerce de manera
obligada por una situación médica, porque salvo los abortos
relacionados con problemas de salud, no tienen nada que ver con
un servicio médico. Se ha convertido en derecho algo que no
debería tener subvención, porque aparte de ser discutible desde
el punto de vista ético, no es prioritario”.
Francisco Contreras, catedrático de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Sevilla, consideró por su parte
“muy decepcionante y muy desconcertante que el Gobierno
amagara diciendo que se iba a reformar o incluso abolir la Ley
del Aborto y ahora prefiera recortar medicamentos de uso común
antes que la prestación del aborto. Se da a entender que el
Ejecutivo no se está tomando en serio la batalla de los valores,
en contra de lo que muchos esperaban”.
A ese desengaño se refirió César Nombela, catedrático de
Microbiología de la Complutense, para quien “este
Gobierno tiene el compromiso de reformar la Ley del Aborto y a la
hora de establecer recortes lógicamente las prestaciones que van
contra la vida deberían ser las más afectadas”.